Salud sexual y reproductiva es salud: (des)encuentros de derechos humanos fundamentales en tiempos de crisis sanitaria

“Tener un acceso adecuado a la planificación familiar y poder elegir cuándo, si es que lo tienen, tener hijos es una medida clave de sostenibilidad y desarrollo.

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Sistemas de salud frente a la pandemia: decisiones urgentes

Los sistemas sanitarios del mundo han cambiado sustantivamente desde la identificación del primer caso de la enfermedad por coronavirus en diciembre de 2019. Las prioridades se han modificado y la respuesta ante el COVID 19 se ha vuelto urgente a nivel mundial, y ello ha ocasionado que la atención en diversos servicios hospitalarios se haya adecuado a tono de la atención de la emergencia.

En ese sentido, es importante recalcar que la definición de la OMS para el concepto de salud contempla varios aspectos. El primero es que parte tanto del individuo como de la comunidad y el ambiente, y es gracias a la interacción de todas las partes con los determinantes sociales de la salud que las personas pueden alcanzar   “[…] un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” (OMS, 1948).

Uno de los servicios que, inevitablemente se ha visto afectado durante la crisis sanitaria es el de planificación familiar. En estas consultas, dependiendo del país, se da consulta a hombres y mujeres que desean acceder a métodos anticonceptivos modernos (relacionados a evidencia científica y medicina basada en evidencia) para poder planificar sus proyectos de vida.

Dado que estos servicios no son considerados como de primera necesidad, en países de todo el mundo se ha dado afectación debido al cierre de consultas, traslado de personas a otras áreas, así como miedo de las personas de asistir a centros de salud, exponiéndose así de forma directa al SARS-CoV-2.

¿Cómo podemos caracterizar la afectación en estos servicios?

Las previsiones de UNFPA, en unión con OMS y el Sistema de Naciones Unidas son preocupantes. Se estima que solamente durante el primer año de la pandemia, más de 47 millones de mujeres que viven en países de renta media y baja, no podrán tener acceso a métodos anticonceptivos modernos (UNFPA, 2020), esto según un estudio realizado por UNFPA, Avenir Health, Johns Hopkins University (USA) y Victoria University (Australia) en abril de 2020.

Según el Instituto Guttmacher esta cantidad significaría hasta 15 millones de embarazos no deseados, añadiendo estrés y presión adicional a los ya desgastados sistemas de salud, quienes ahora deberán destinar recursos para atender consultas prenatales y partos que no se encontraban dentro de las estadísticas medias en los servicios de Ginecología y Obstetricia (Alcaraz, 2020). Del total de esa cifra, se espera que sean 7 millones en mujeres adolescentes de entre 10 a 19 años de edad (ONU Mujeres, 2020).

Y bien, ¿por qué hablamos de métodos anticonceptivos modernos? Este apellido es fundamental y es quizá el que hace toda la diferencia. La OMS reconoce a los anticonceptivos orales, así como otros suministros de planificación familiar fiable, como medicamentos esenciales.

Hasta 2019, dato más actual de la OMS, la prevalencia de uso de métodos como píldoras, preservativo, sistemas intrauterinos de larga duración, implante o parche hormonal e inyección hormonal; así como quirúrgicos (por mencionar solamente algunos) era de 57% en las mujeres.

Más de 40% de las mujeres en edad reproductiva se encontraba utilizando métodos como amenorrea de la lactancia, coito interrumpido y Billings; los cuales son ampliamente cuestionados por la comunidad científica internacional debido a su inexactitud y baja efectividad a la hora de prevenir el embarazo (incluso se les ha catalogado como métodos para la concepción). Y es en este punto donde el concepto de necesidad insatisfecha en reproducción se torna tan relevante.

El informe El Impacto de COVID-19 en el acceso a los anticonceptivos en América Latina y el Caribe, publicado por UNFPA en septiembre de 2020, también aborda un creciente impacto negativo en los años de protección de pareja (APP) dado que la crisis obliga a las personas (que pueden costearlo) a contratar servicios anticonceptivos de tipo privado ante la escasez (o incluso suspensión) en los servicios públicos.

Una cifra que no se puede dejar de resaltar es la proyección de dicha investigación, donde cerca de 800 mil mujeres se estarían exponiendo a abortos no seguros, ocasionando más de 29 mil muertes maternas. En junio del presente año, INAMU reconoce esta imperiosa necesidad lanzando una campaña denominada “Salud Sexual y Reproductiva para Todas” y “No Olvidés Cuidarte”, tocando temas como los cuidados en el embarazo y durante la lactancia materna.

Acciones implementadas en países de África y Asia del Este tendientes a la no suspensión de servicios y sustitución por consulta de planificación familiar por telemedicina son posibilidades que pueden plantearse; considerando primero el acceso a TIC de las y los usuarios del sistema de salud.

El confinamiento ha ocasionado vulneración a los derechos de mujeres de todas edades. UNICEF argumenta que las emergencias sanitarias mundiales han tenido un efecto especial en niñas, adolescentes y mujeres. Las medidas de aislamiento social pueden estar “[…] exponiéndolas a un mayor riesgo de ser obligadas a contraer matrimonio o de quedar embarazadas antes de cumplir los 18 años, así como a sufrir violencia o a ser sometidas a la mutilación genital femenina.”(UNICEF, 2020).

La apremiante situación dada por el aumento de pobreza puede ocasionar que las mujeres se enfrenten a situaciones de riesgo en materia de salud sexual y reproductiva, ocasionando violaciones a su integridad física y emocional.

Costa Rica no escapa del panorama

Se identifican que dos medidas llevadas a cabo en el país estarían teniendo resultados en el largo plazo, en cuanto al acceso material y respeto a la salud sexual y reproductiva. La primera es la suspensión de las cirugías electivas (para mayo de 2020, eran más de 22 mil citas que debían ser reprogramadas), programa que ampara el acceso de la mujer a anticoncepción de tipo quirúrgica.

Un hecho al margen que no puede dejar de mencionarse son las múltiples barreras para acceder a este método (por ejemplo, las cuestionadas decisiones médicas y clínicas sobre “paridad satisfecha” y posible negativa de realizar el procedimiento a mujeres nulíparas). Ciertamente el escenario se agrava considerando que antes de la pandemia la lista de espera promedio rondaba los 142 días para procedimientos de este tipo (Semanario Universidad, 2020).

El segundo punto es la suspensión del curso lectivo. Las implicaciones son considerables, pues por tercer año consecutivo, estudiantes de todo el país han tenido procesos pedagógicos que no cumplen el mínimo de los 200 días lectivos. Se ha generado un corto circuito en la formación de miles de adolescentes quienes recibían los contenidos de los Programas de Afectividad y Sexualidad Integral en Tercer Ciclo y Educación Diversificada, los cuales constituye el primer acercamiento al conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos.

Los derechos humanos fundamentales no son contradictorios, sino que se complementan

Las desigualdades en salud son inevitables y esperables, el sistema debe atender con cierta urgencia eventos de salud que así lo merecen; lo que es inaceptable son las inequidades en salud. Estas son injustas, odiosas y totalmente prevenibles. La protección y atención que dan los sistemas de salud a nivel mundial ante la emergencia del COVID 19 es prioritaria, empero, debe reconocerse que el derecho amplio a la salud es un derecho humano fundamental coexiste con el derecho a la sexualidad y reproducción. No son antagónicas y representan ese concepto amplio que indica la OMS, más allá que la ausencia de la enfermedad.

Representan también esferas fundamentales para el desarrollo de las personas, como lo son la prevención y promoción de la salud. Aquí es donde los Estados deben comprometerse a ser garantes del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en observancia de compromisos internacionales adquiridos en Conferencias como el Cairo 1994 y Nairobi 2009.

Que cada mujer y que cada hombre goce del derecho de planificar su familia, cuando y como lo considere más adecuado; incluso si desea no hacerlo.

Que la pandemia no niegue este derecho y ocasione mayor vulneración sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Autora

María Valeria Vargas Tomás

Investigadora asociada de FLACSO Costa Rica en estudios de políticas sociales y salud.

* Este texto es de carácter de opinión, responsabilidad de cada autor/a.

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