Salud mental y refugio en Costa Rica

Situación de la salud mental en Costa Rica, breve recorrido.

En el año 2004 la Organización Panamericana de la Salud, alertaba sobre la importancia de priorizar la atención de salud mental en Costa Rica y señalaba la ausencia de instrumentos legales actualizados en materia de salud mental, que protejan a la población y garanticen el adecuado acceso a este derecho.

La OPS/OMS (2009) por su parte, en su  Informe sobre el sistema de Salud Mental en Costa Rica señalaba varias deficiencias, como el limitado presupuesto asignado, indicando que, del presupuesto nacional de salud sólo el 3% se asignaba a la salud mental, y de este, el 67% era dirigido a dos hospitales psiquiátricos, quedando sólo un 33% para todos los demás servicios de salud y para las actividades de prevención. Asimismo, caracterizan la atención costarricense por ser farmacológica e intrahospitalaria. Con respecto al área de investigación en salud mental, el informe la describe como incipiente, con grandes vacíos, y recomienda su promoción, tanto a nivel nacional como centroamericano.

En el 2012 el estado costarricense en un esfuerzo por establecer un marco normativo técnico en esta área, presentó la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021, con la cual se buscaba trascender del paradigma biologicista, centrado en la atención hospitalaria, a un modelo de promoción y atención integral de la salud mental con enfoque comunitario; considerando que la salud mental está determinada por factores biológicos, emocionales, ambientales, socioeconómicos, culturales y de sistemas y servicios de salud. Además, buscaba ser una propuesta integradora entre actores e instituciones del ámbito público y privado, con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos en esta política.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado, en la actualidad Costa Rica no cuenta con estudios epidemiológicos sobre la salud mental de su población; una situación bastante delicada que expertas y expertos en el área han señalado la necesidad de atender con carácter de urgencia (Maroto y Hernández, 2014). El desarrollo de estos estudios es de suma relevancia, debido a que brindan información a partir de la cual es posible definir políticas públicas y acciones pertinentes, así como procesos de investigación continua.

Como se observa, la situación de la salud mental en el país previo al surgimiento de la pandemia presentaba grandes retos, y si era difícil acceder a servicios de salud mental, tales como atención psicológica y psiquiátrica, durante la pandemia esta situación se agravó. Este panorama es más complejo y los retos son mayores cuando se trata de población migrante, solicitante de refugio y refugiada; para quienes dentro de la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 no se incluyó acciones orientadas de manera específica.  Dicha omisión debería ser corregida en la próxima política nacional de salud mental que se desarrolle.

Salud mental para las personas nicaragüenses solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica

Desde abril del 2018, miles de nicaragüenses se han visto forzadas(os) a migrar por la crisis sociopolítica que estalló en su país. De acuerdo con el Informe de la represión al exilio, nicaragüenses en Costa Rica realizado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano:

Un elemento distintivo de los nicaragüenses que han llegado a Costa Rica desde abril de 2018, es que todas y todos han sufrido de manera directa la situación de represión y violencia gubernamental. La mayoría de ellos huyeron para preservar la vida, sanar heridas, porque han sido víctimas de torturas, persecución y como parte de grupos familiares amenazados (p.7, 2019).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica explica que, esta decisión de salir de Nicaragua, definitivamente, no fue voluntaria. Migrar de manera forzada implica salir porque la propia vida corre peligro, pero también significa dejar atrás el hogar, la familia, el trabajo, los estudios, la estabilidad, las amistades, y en general, los proyectos de vida.

Las experiencias de violencia vividas en contextos de represión estatal pueden generar graves afectaciones en la salud mental de las personas. Los efectos psicosociales de la violencia política son múltiples y variados y requieren de un acompañamiento oportuno y especializado.

En el país existen varias organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales (RET International, CENDEROS, Servicio Jesuita para Migrantes, Iglesia Luterana, entre otras), que desde el 2018 han realizado una ardua labor para brindar apoyo psicosocial a la población solicitante de refugio y refugiada y, en general, para velar por el cumplimiento de sus derechos. En la actualidad, con la pandemia, estas organizaciones continúan realizando un enorme esfuerzo para apoyar a la mayor cantidad de personas posible; sin embargo, sus recursos tanto económicos como humanos son limitados.

Con la llegada del Covid-19, el Ministerio de Salud desarrolló una serie de acciones para enfrentar la crisis, entre estas presentó los lineamientos de salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la alerta sanitaria por el nuevo coronavirus. Llama la atención que, en este documento, los únicos dos puntos correspondientes a población migrante, solicitante de refugio y refugiada no mencionan acciones específicas y, en cambio, se lanza una recomendación a las “autoridades competentes” para que las incluyan en sus estrategias, cuando queda claro que el ente rector y la autoridad competente en esta área es el propio Ministerio de Salud.

En mayo del presente año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertaba que la salud mental de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas se ha visto seriamente afectada por la situación de pandemia actual. Este nivel de afectación en su salud mental tiene un origen multifactorial, entre ellos: el temor al contagio, las medidas de confinamiento y aislamiento implementadas en el país receptor, la pérdida de los ingresos diarios, la dificultad para acceder a un empleo, la discriminación y la incertidumbre sobre el futuro.

El 20 de junio en el marco del día mundial de la persona refugiada, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica resaltó la importancia que tiene conocer las distintas problemáticas a las que se enfrentan las personas refugiadas “para facilitar el cuido de su salud mental” y además, hacía un llamado a evitar actitudes xenofóbicas, al mismo tiempo que señalaba la urgencia de realizar acciones de sensibilización dirigidas a la población costarricense.

Lamentablemente, ese mismo día, de acuerdo con un estudio publicado por COES análisis de medios sobre la xenofobia en redes sociales, se registraba la mayor cantidad de resultados relacionados con xenofobia y discriminación en nuestro país. Este mismo estudio evidenció que desde el momento en el que se anunció el primer caso de Covid-19 en nuestro país, las conversaciones con mensajes de xenofobia y discriminación han aumentado en 62% y el incremento es aún mayor conforme aumentan los casos.

Reflexión final

El refugio va más allá de una definición o un aspecto legal, y acarrea una serie de retos tanto para las personas que lo solicitan como para el país de acogida. Ser una persona solicitante de refugio o refugiada implica insertarse en un contexto distinto, enfrentarse a una cultura distinta, encontrarse con amplias dificultades para acceder a los servicios básicos, con mayor vulnerabilidad a sufrir situaciones de explotación laboral e incluso trata de personas, y de ser víctimas de xenofobia y de actos de discriminación; todas estas situaciones amplificadas, actualmente, en el contexto de la pandemia.

Es necesario dejar claro que, para hablar de salud mental y refugio, primero, se debe hablar de condiciones dignas de vida y de respeto por los derechos humanos; condiciones que el estado costarricense debe garantizar a esta población.

Por último, para conocer el estado de la salud mental de su población y generar acciones basadas en evidencia, el país debe realizar los estudios epidemiológicos, que desde hace varios años se vienen recomendando, e incluir en ellos a la población solicitante de refugio y refugiada; claro está, sin caer en un enfoque patologizante. Se debe promover un trabajo de investigación y abordaje interdisciplinario, sin dejar de lado acciones de sensibilización a la población en general sobre el fenómeno de la migración y el refugio.

Autora

Meliza Quirós Rojas

Psicóloga, investigadora y gestora de FLACSO Costa Rica en proyectos relacionados con violencia de género, migración y refugio.

* Este texto es de carácter de opinión, responsabilidad de cada autor/a.

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