Política Social, COVID-19, y Bono Proteger: apuntes para el debate

En la coyuntura marcada por la crisis sanitaria del COVID-19, se han presentado retos históricos a la política social costarricense [1], tanto en el sistema universal como en los programas focalizados, por ejemplo, el sostenimiento de la misma seguridad social en su cobertura, recursos y calidad de la atención, o bien, en solventar y sostener los beneficios del Programa de Protección y Promoción Social del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El reto sustancial en la coyuntura radica en encontrar los “puentes” para generar vínculos consistentes con los sistemas universales (pensiones, seguridad social, educación), y los programas focalizados de transferencia de beneficios, o bien, con la modalidad de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), que eviten un empobrecimiento y vulnerabilización de las familias, o bien, el ensanchamiento de la desigualdad social.

Lejos de representar una contradicción, se deben buscar las conexiones para potenciar la movilidad social ascendente, y generar arquitecturas públicas que logren combinar la distribución y redistribución de ingresos y riquezas. En la crisis actual, el Bono Proteger tiene una potencialidad en esta vía, más allá de considerarlo un instrumento momentáneo de atención de la emergencia para solventar económicamente las necesidades básicas, debe avanzarse en ponerlo en comunicación con otras políticas sociales como la red de cuido, el sistema de pensiones y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), puesto que puede representar el punto de partida para sostener las condiciones de personas y familias, y su posterior reingreso al mercado laboral.

Potencialidades y oportunidades de mejora

El Bono Proteger es un instrumento de transferencia monetaria que se brinda a personas que perdieron su empleo, redujeron jornadas laborales o se les suspendieron sus contratos laborales en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Es de carácter temporal (tres meses), otorgando un beneficio entre los 120 mil colones y los 62 mil colones y es ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e IMAS (MTSS, 2020).

Como instrumento de política social, signada por la inmediatez en la respuesta institucional, el Bono Proteger representa un piso de protección mínimo para solventar de forma momentánea las necesidades básicas, sin que esto implique una condicionalidad, pero focalizado en las personas que por los motivos expuestos se modificaron sus condiciones laborales.

La importancia de contar con un recurso de dichas características es que permite, de una u otra manera, el consumo de las personas y familias que han visto limitada su capacidad de ingresos por la crisis, así como el alivio de necesidades básicas, favoreciendo tanto a personas trabajadoras del sector formal como del sector informal, de más alta precarización y vulnerabilidad (CEPAL, 2020), pero además genera protección social, aspecto central en una coyuntura de crisis donde las condiciones de vulnerabilidad se amplían.

Para el mes de agosto se otorgaron 533.820 bonos en total, con un primer grupo de personas que se les otorgó por tres meses el recurso. Además, se logró la bancarización de aproximadamente 180 mil personas, que representa el 3% de dicho procedimiento (MTSS, 2020), lo que amplía las oportunidades para que ese número significativo de personas cuenten con acceso a crédito en el sector bancario nacional, para el mejoramiento del ingreso o bien, generar emprendimientos y la incorporación a los espacios institucionales de promoción y protección social.

El presupuesto ejecutado hasta el momento radica en 64.236.000 millones de colones. A este panorama se le suman 55 mil personas de reciente ingreso que empezaran recibir el subsidio a partir del mes de agosto, con un presupuesto de 90 mil millones de colones, procedentes del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la recaudación del impuesto de combustibles  (MTSS, 2020).

Dos elementos son medulares en las dinámicas de cambio social en crisis. Por un lado, las dinámicas de bancarización que permiten una inserción a las bases institucionales, así como al monitoreo de condiciones poblacionales, promoviendo derechos y ampliando el alcance de intervención institucional. Y el segundo elemento, es contar con un recurso, como el bono proteger, que permite el consumo de bienes y servicios de las personas y familias que han visto limitada su capacidad de ingresos por la crisis, así como el alivio de necesidades básicas, favoreciendo tanto a personas trabajadoras del sector formal como del sector informal, de más alta precarización y vulnerabilidad (CEPAL, 2020), generando protección social, en una coyuntura de crisis donde las condiciones de vulnerabilidad se amplían.

Según CEPAL (2020), Costa Rica presenta el subsidio más alto en América Latina, tal cuál como se aprecia en el gráfico 1, lo cual sin duda representa un avance en la respuesta inmediata emanada de la institucionalidad. Esto implica un enorme reto en términos de la obtención de los recursos económicos para sostenimiento y ampliación de subsidio.


Gráfico 1: América Latina y el Caribe (13 países): monto de las transferencias dirigidas a trabajadores informales, según tipo de receptor (persona o familia) y duración, al 11 de abril de 2020ª
(En dólares)

Si bien es cierto, el sostenimiento del bono radica en la disponibilidad presupuestaria que emane del gobierno central, o bien, de los préstamos internacionales, su monto debe revisarse conforme las condiciones previas y actuales tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y atenuantes de pobreza de las familias en dicha condición, por ejemplo, cantidad de personas por familia, canasta básica y condiciones externas de consumo; sobre todo en un contexto donde el desempleo es del 24% (INEC, 2020), y las condiciones de pobreza y pobreza extrema se han visto impactadas por las crisis mismas del COVID19, donde las capacidades de consumo por desempleo se reducen alrededor -0.6% (OCDE, 2020). En algún punto esto podría significar una insuficiencia del beneficio en la medida que los atenuantes se agudicen, sea por la persistencia del desempleo, por el fortalecimiento de las estructuras de desigualdad, el endeudamiento, y por los altos precios del mercado para el consumo.

La importancia de sostener un instrumento de política social que redistribuya ingresos, y asimismo, que logre solventar en lo inmediato las condiciones dignas de vida debe apoyarse de una estrategia que asegure un presupuesto, siguiendo a Martínez-Franzoni en Díaz (2020), es importante generar modificaciones en el sistema fiscal, buscando la creación de un fondo solidario desde aquellas empresas y personas de mayor patrimonio e ingresos.

Asimismo, los vínculos entre arquitecturas públicas de corte universal, y los programas de focalización y TMC, radican en las capacidades de generar transferencias de poblaciones vulnerabilizadas a procesos de movilidad social ascendente y sostenida, por tres principales mecanismos de empleo [2], la profundización de la seguridad social, el fortalecimiento de los regímenes de pensiones, y las estructuras de educación de calidad, dotando a los pisos de protección social (salud y pensiones) los elementos suficientes y necesarios para generar bienestar.

En este sentido, la discusión sobre un ingreso mínimo vital, o bien, un plan integral de crisis (bono proteger + diarios de alimentación+ subsidio a la canasta básica), son instrumentos que podrían generar una estabilidad y condiciones, en un momento de agudización de las condiciones humanas y económicas de las poblaciones empobrecidas.

Se comprende que las acciones generadas en el actual contexto por políticas focalizadas son el primer “muro de contención” ante un descalabro de las condiciones de pobreza y pobreza extrema, en especial en los grupos donde se presentan las jefaturas femeninas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, y población joven en condiciones de exclusión social. Asimismo, es importante crear los vínculos con los ámbitos que generen movilidad social ascendente, que favorezcan al empleo digno, y fortalezcan el sistema universal de salud y pensiones.

Notas

[1] Siguiendo a Martínez-Franzoni y Sánchez-Ancochea (2019), entendemos por política social universal al conjunto de arquitecturas públicas que logran generar suficiencia, cobertura y equidad en beneficios y cobertura de la población, a partir de una lógica distributiva de los recursos. Por otro lado, las políticas focalizadas, tienen su lógica en la concentración de recursos y beneficios sociales en poblaciones vulnerabilizadas, en condición de pobreza y pobreza extrema, que no pueden suplir, total o parcialmente, sus necesidades básicas por sus propios recursos (Filgueira, 2016), estas con un efecto redistributivo

[2] Empleabilidad que cumpla con las condiciones mismas de protección de derechos laborales, aseguramiento, y sobre todo sostenibilidad.

Autor

Rolando Fernández Aguilar

Investigador y gestor de FLACSO Costa Rica en política pública social (vulnerabilidades, pobreza, desigualdades) y seguridad social.

* Este texto es de carácter de opinión, responsabilidad de cada autor/a.

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