La otra distancia social: reflexiones y aproximaciones a lo subnacional

La distancia social [1], concebida como lejanía, ocultamiento, o indiferencia entre grupos sociales ha estado presente en nuestra sociedad costarricense ya hace bastante tiempo, más allá de la actual pandemia (Blofield, 2011). Esta distancia, y sobre todo, la exclusión social es un mero reflejo de una persistencia mayor, el desempoderamiento de sectores subalternos, que se manifiesta entre carencias, desciudadanización  e invisibilización (Pérez-Sáinz, 2019) [2], así como en externalizaciones en variaciones subnacionales. Estas líneas exponen algunos elementos centrales de las variaciones subnacionales en un contexto de alta agudización de las desigualdades y condiciones de vulnerabilidad en el país, sin que implique un agotamiento del tema, o una pretensión de abarcar un fenómeno de alta complejidad y múltiples miradas.

La literatura especializada en variaciones subnacionales [3] y políticas sociales dan cuentan de la multidimensionalidad acaecida en el plano territorial. Estas investigaciones comúnmente tiene un foco de atención en sistemas administrativos y políticos federalizados, altamente descentralizados y con trayectorias de dependencia institucionales diferenciadas (Alves, 2015; Alves y Gibson, 2018; Pribble, 2013, 2015; Giraudy, 2011; 2015; Gonzáles y Lodola,  2019; Niedzwiecki, 2016, 2018; Otero-Bahamón, 2016; 2019; 2020; Rodrigues-Silveira, 2009), sin embargo, en las últimas dos décadas la agudización de condiciones de desigualdad social por ingresos, necesidades básicas, territorio, acceso a servicios, género, y riquezas (Arias, Rodríguez, y Sánchez, 2020; León, y Mata, 2017) han generado incipientes variaciones subnacionales, con tendencia a la profundización en un contexto de crisis sanitaria, económica y social (CEPAL, 2020), a pesar de las condiciones unitarias y centralizadas en el plano administrativo del país.

En la actual coyuntura, las diferencias en varios indicadores dan cuenta de las disparidades socioeconómicas que Costa Rica presenta, aunado a la reducción de las capacidades adquisitivas, por ejemplo, para el año 2020 se reduce el ingreso por salario [4], se reduce ingreso autónomo [5], y se da un aumento del ingreso por subsidios estatales y becas [6], en términos generales, el ingreso promedio por hogar se reduce en un 5,4 puntos porcentuales respecto al año 2019, que implica menor capacidad para solventar las necesidades básicas, sostenibilidad económica de los hogares, reducción de capacidades de consumo, aumento de endeudamiento por créditos, entre otro conjunto de implicaciones.

Fuente: elaboración propia a partir de INEC, Costa Rica, (2020), Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Resultados Generales, julio 2020

Estas diferencias no pesan igual en todas las personas y en los territorios. Costa Rica ha sostenido peligrosamente la desigualdad en los últimos diez (10) años, siendo uno de los países más desiguales de América Latina (OCDE, 2020). Como lo señala, Arias et.al (2020), para 1990 el Coeficiente Gini se registró un 0,38, para el año 2001 se ubicó en 0,43, y en el año 2020 registro un 0.52 (INEC, 2020), con un importante aumento en zonas urbanas en los últimos cuatro (4) años, mientras que es zonas rurales se presenta reducciones, sin embargo, el ensanchamiento de la pobreza en dichas zonas estructura dinámicas mucho más profundas de las desigualdades, es decir, aumento de vulnerabilidades.

Para el año 2016 el 20% de los hogares con mayores ingresos acumula 50% del total de todos los ingresos del país (Arias et.al., 2020), hoy en día, en el año 2020 acumula el 51.1% de dichos ingresos del país [7]. Las fuentes de ingresos han variado, el primer quintil muestra una composición mayoritaria en ingresos por subsidios (26% del ingreso) y otras transferencias [8] (29.5% del ingreso) (INEC, 2020), lo que podría significar desemporamiento por ingreso (Pérez-Sainz, 2019) al estar supeditado a transferencias institucionales y privadas. Por el contrario, el 20% de mayores ingresos, registra una sostenibilidad de ingresos por salarios, y en menor medida, ingresos autónomos e ingresos por rentas de la propiedad (INEC, 2020). Nótese que la fuente de ingresos se considera un elemento central en la elaboración de políticas fiscales, y generación de empleo, sobre todo, para reducir la dependencia a las transferencias institucionales, y promover dinámicas progresivas de impuestos.

Fuente: elaboración propia a partir de INEC, Costa Rica, (2020), Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Resultados Generales, julio 2020

El país avanza peligrosamente a ensanchar las brechas en los territorios, tal cual lo menciona el último Atlas Cantonal para el año 2020, que identifica en las regiones Brunca, Huetar Caribe, y Huetar Norte rezagos respecto al resto del país, en términos de desigualdad. Coincidente a su vez con los hogares de menor ingreso, que se encuentran la región Brunca, Huetar Caribe y Pacífico Central (INEC, 2020), es decir, multiplicidad de vulnerabilidades en el territorio, elemento central de externalización de variaciones.

Pero no son solo por ingresos, el Atlas Cantonal de Desarrollo Humano Cantonal, expone de manera precisa las desigualdades de género transversalizadas por el territorio, específicamente por cantones y regiones. Dicho índice presenta un desarrollo humano de género más alto en aquellos cantones centrales, ubicados en nichos económicos industriales y de servicios, y por el contrario, estancamientos y retrocesos en sectores rurales y de la periferia del país, por ejemplo, los cantones de Matina, Los Chiles, o Puntarenas, sobre todo, en la tasa de participación de la fuerza de trabajo de las mujeres [9].

Esta confluencia de dimensiones no es un reflejo de la crisis actual, por el contrario, este distanciamiento social y económico es constatado en varios estudios desde hace más de diez años  (Arias et.al., 2020; Trejos y Sánchez, 2015) y alertan sobre los procesos de agudización de desigualdades en el territorio, sumando a un aumento de necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, Arias et.al. (2020) menciona que la concentración de pobreza ubicada en la GAM se ubica en un 20% del área de dicha región, concentrando el 71,3 % de todas las personas con al menos una necesidad básica insatisfecha; para el caso de la región Huetar Caribe 84 % de las personas registradas con al menos un NBI concentra el 21 % del área, similar a la región a la Pacífico Central.

Estas segmentaciones articulan variaciones territoriales, que en condiciones de dificultad operativa de las instituciones para generar servicios públicos óptimos, podrían presentar paulatinamente factores de desigualdad en el acceso a los servicios (Arias et.al., 2020; Gonzáles et.al., 2019; Rodrigues-Silveira, 2009). Más aún, los estudios de variaciones subnacionales refieren constantemente a que la confluencia de factores de desigualdad, las capacidades institucionales, y las condiciones de las matrices productivas o actividades económicas en un territorio, generan diferenciales en el acceso a los servicios públicos, ampliación o limitación del accionar institucional, y dinámicas distributivas, progresivas o regresivas (Giraudy et.al., 2019; Pribble, 2013; 2015; Rodrigues-Silveira, 2009), que son centrales en el análisis contextual de una situación de profundización de desigualdades en el país.

La ruptura con la concepción “homogénea” del territorio es urgente en la aplicación de medidas institucionales contra la desigualdad y el combate a la pobreza. La noción de heterogeneidad (Harbers et.al., 2020), y el enfoque de  política sensibles al lugar [10] (Otero-Bahamón, 2020), puede contribuir en la construcción de políticas públicas y sociales que logren generar procesos de sostenibilidad, protección y promoción social. Sin embargo, el factor decisivo se encuentra en las capacidades distributivas de ingresos y riquezas, que logren revertir las diferencias ensanchadas de las desigualdades que hoy en día se presentan.

Asimismo, se hace necesario detener la erosión de los sistemas públicos de atención universal (salud, educación pensiones, seguridad social,), afectados por medidas de recorte y austeridad radical (Martínez-Franzoni y Sánchez Ancochea, 2019), mediante acciones para el fortalecimiento de arquitecturas públicas, y el reforzamiento de los sistemas de bienestar [11], que contribuyan al desarrollo económico y a la movilidad social, necesaria para solventar la crisis y revertir las persistencias, ya añejas, de las desigualdades en el país.

Se conciben las desigualdades como un fenómeno socioeconómico, sin embargo, su raíz es política (Pérez-Sáinz, 2019), anclada a las relaciones desiguales de poder, tanto de acceso a la toma de decisiones, como capacidades de incidencia. El factor político es evidente, pues la necesidad de tomar decisiones (programáticas, institucionales, económicas) sobre la implementación de medidas fiscales que contribuyan a distribuir ingresos y riquezas, es el mecanismo óptimo sobre el que se asienta la reducción de desigualdades, en todo caso, el verdadero distanciamiento social presente desde ya hace algunas décadas.

Notas

[1] La distancia social se puede traducir en percepciones erróneas e indiferencias de la realidad social de las personas empobrecidas; en segundo lugar, reducción del sentido de solidaridad; tercero, promover la indiferencia hacia problemas circunscritos en las clases sociales bajas. Este distanciamiento social, en resumen, genera que hacen más probable un comportamiento de la mayoría de las élites a recurrir a opciones de escape privadas, en lugar de generar acciones públicas y políticas en busca del bien común (Blofield, 2011), precisamente por una distorsión, pero también, por los intereses propios de protección y aumento de las rentas y excedentes.

[2] Sus raíces se anclan de procesos históricos de acumulación por excedentes de capital y principalmente en relaciones desiguales y combinadas de poder (Pérez-Sáinz, 2019). Blofield (2011) expone que en América Latina es particularmente más notaria esa distancia social entre grupos y clases sociales por las desigualdades persistente, y se refuerza en las capacidades (limitadas) y condiciones de los grupos humanos para la movilidad social intergeneracional, vertical y horizontalmente.

[3] Se comprende por variaciones subnacionales modificaciones, cambios y persistencias coyunturales y/o históricas en el territorio desde la arena nacional, impactando a su vez lo subnacional a lo nacional (Ortiz de Rozas, 2016), en términos de O´Donnell (2010), discontinuidades del Estado a través (y reflejado) del territorio.

[4] En 2019 era de 64,0% y en 2020 pasa a ser un 62,8% (INEC, 2020).

[5] Pasa de 16,3% en el 2019 a un 12,0% en el año 2020 (INEC, 2020).

[6] Pasa de 18,2% en el año 2019 a un 5,2% en el año 2020 (INEC, 2020). Se consideró en la medición el Bono Proteger, y el conjunto de subsidios por emergencias. Este elemento es central, pues la arquitectura pública de los subsidios tiene una alta dependencia en los presupuestos públicos, si bien, este elemento de contención fue central en momento de crisis, su sostenibilidad y ampliación de la cobertura está supeditado a las capacidades presupuestarias del Estado, que a todas luces están vulneradas por la crisis de déficit. En esta vía, las acciones redistributivas de ingresos deben de ir acompañadas de propuestas distributivas de riquezas e ingresos, elementos que se pueden encontrar en reformas fiscales progresivas y escalonadas temporalmente.

[7] En ese 20% de hogares de mayores ingresos se diluye un importante grupo social que puede dar cuenta de mayores acumulaciones, y por deficiencias propias de los quintiles pasa desapercibido (Pérez-Sainz, 2014). Este elemento tiene implicaciones analíticas y políticas, fundamentalmente, porque las acciones siguen centrando su atención en la distribución secundaria (redistribución), es decir, sobre ingresos familiares, y no en la distribución primaria, derivada de los mercados básicos, ampliando el foco de análisis más allá de individualizaciones por ingreso familiar, siguiendo a Pérez-Sáinz (2014). Es decir, concentrarse en las riquezas y de las capacidades de acumulación de capitales, principal fuente de generación de desigualdades.

[8] Implica según INEC, apoyos privados, empresas, asociaciones, iglesias, grupos comunales.

[9] Este aspecto es sí mismo un abordaje diferenciado, fundamentalmente, en la confluencia de factores como las desigualdades en los cuidados, desempoderamiento de ingresos por género, violencias, y dinámicas de inferiorización.  

[10] Consideradas como capacidades que tiene las arquitecturas públicas que generan bienestar de incorporar en su implementación las características subnacionales (Otero-Bahamón, 2020).

[11] Reducción de brechas tecnológicas, sociabilización de programas de innovación tecnológica en el territorio, acciones de sostenibilidad en la educación, incorporación y promoción de mujeres en los mercados básicos, cumplimiento de la legislación laboral en el territorio, ampliación de los sistemas de cuidado, combate a la reinserción laboral infantil, acceso a créditos en condiciones justas, reactivación de la producción para los mercados internos, entre otro, conjunta amplio de acciones.

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Autor

Rolando Fernández Aguilar

Investigador y gestor de FLACSO Costa Rica en política pública social (vulnerabilidades, pobreza, desigualdades) y seguridad social.

* Este texto es de carácter de opinión, responsabilidad de cada autor/a.

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