El rol de los gobiernos locales en la atención de las oleadas migratorias

En un país pequeño como Costa Rica donde, además, predomina la tendencia histórica hacia la centralización, la incidencia que pueden tener los gobiernos locales para implementar políticas públicas en diferentes áreas se olvida frecuentemente.

Los gobiernos locales son, o deberían ser, de las instituciones democráticas que se encuentran más cerca de la ciudadanía, y que entienden mejor las necesidades de la población circunscrita en ellas.

En el país, especialmente en las zonas más alejadas de la Gran Área Metropolitana (GAM), los gobiernos locales son actores primarios; en muchos casos, incluso, disfrutan de mejor percepción ante el electorado que el gobierno nacional.

La importancia de incluir a los gobiernos locales en el diseño de políticas públicas focalizadas en flujos migratorios

Costa Rica es un país receptor de flujos migratorios. De acuerdo con el Censo de 2011 (a la espera del Censo de 2021, para disponer de datos más actualizados), la población extranjera censada llegaba a los 385 899. A esa cifra se le deben sumar las poblaciones migrantes estacionales (quienes llegan para las temporadas de siembra y recolección de los principales cultivos del país), las transfronterizas y las migraciones en tránsito.

Usualmente, el rol de las municipalidades no ha sido preponderante en el diseño e implementación de las políticas migratorias, no obstante, las comunidades son las que directamente reciben los efectos de estos flujos. Por eso, los gobiernos locales pueden y deben ser parte integral de las políticas migratorias para la atención de la población residente y de la migrante, para garantizar una integración adecuada y apoyar las políticas de regularización y de cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes.

Asimismo, la posibilidad de levantar información actualizada sobre los perfiles de las personas migrantes que llegan a los espacios locales, facilita la implementación de acciones focalizadas para atender a esta población, especialmente en las zonas fronterizas o en las zonas conocidas por el flujo de migraciones estacionales.  

Un ejemplo de esto se dio cuando la opinión pública cuestionó el rol (¿permisivo?) que tenían los municipios en relación con las migraciones laborales (explotadas) de la zona norte y las personas migrantes que viven en condiciones precarias en el cantón de San José, una vez que aumentaron de manera significativa los casos de infección por Covid-19.

Esto no quiere decir que en la actualidad las municipalidades no han realizado esfuerzos en esta línea, puesto que, por ejemplo, en Upala y Desamparados existe el Centro Municipal para Migrantes, en La Cruz se creó el Centro de Atención Temporal a Migrantes (CATEM) para atender de manera humanitaria a las personas migrantes en tránsito y personas solicitantes de refugio durante el 2018. También, en general, los gobiernos locales han participado en programas como Empléate o el Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración.

Sin embargo, es posible proponer acciones más directas que se articulen con el gobierno central y eviten el rebaso que tienen las instituciones centrales en aspectos migratorios para establecer soluciones más puntuales en sus propias jurisdicciones a problemas como salud, empleo y educación, entre otras (Morales, Segura et al., 2014).

Igualmente, debido a la cercanía con la ciudadanía, se da la oportunidad de que los principales beneficiarios directos de estas políticas (las personas migrantes), puedan participar directamente en los procesos de diseño y toma de decisiones, apoyando en la identificación de necesidades de la población y, a su vez, permitiendo que se sientan parte de la comunidad en la que se encuentran.

A inicios de este año, se efectuaron las elecciones municipales; entre las razones por las que se hacen estos comicios se encuentran el resaltar la importancia de los gobiernos locales para las comunidades y darles legitimidad para ejecutar acciones con mayor incidencia en sus jurisdicciones, así como señalarles la responsabilidad que asumen para la rendición de cuentas.

De ahí que (entre otras cosas) se debe incentivar a los gobiernos locales de Costa Rica para que incluyan políticas directas y propuestas desde sus planes relacionadas con la  atención del fenómeno migratorio, de modo que fomenten la integración en los diferentes ámbitos, reconociendo de manera más directa y acertada las  necesidades de las personas migrantes en la comunidad en la que se localizan y que permitan que la misma comunidad pueda asegurar el cumplimiento de esas políticas en  el marco de respeto de los derechos humanos.

Autora

Amalia Amador Fournier

Investigadora y gestora de proyectos en FLACSO Costa Rica en temáticas relacionadas con migración, refugio, RRII y comunicación política.

* Este texto es de carácter de opinión, responsabilidad de cada autor/a.

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